La reforma de la Seguridad Social y la posible repercusión en el empleo impulsada por el Pacto de Toledo de 1995 y 2003

Abstract

La regulación de la Seguridad Social se encuentra en constante conexión con la normativa que regula la realización de prestaciones profesionales, en sus vertientes laboral, funcionarial y autónoma, así como con las vicisitudes del mercado de trabajo, con la evolución demográfica, con las variables económicas, con las iniciativas políticas y, en fin, con todos los factores y circunstancias que pueden incidir en su finalidad, en su aplicación y en su financiación. La relevancia de estas materias suscita que su régimen jurídico precise, el máximo consenso político y social, sin que siempre se haya alcanzado, sobre todo a principios de los años noventa del siglo pasado, en los que se cuestionó la dinamización del mercado de trabajo y la perdurabilidad del Sistema en sus términos configuradores, pronosticándose su falta de recursos en el corto y medio plazo. Ante esta situación, se reformó la normativa laboral y se ensayó una nueva fórmula para la modificación de la regulación de la Seguridad Social que la alejara del debate partidista, la sustentara de bases técnicas visibles y la reforzara con el mayor acuerdo político posible, denominada Pacto de Toledo y que en su discurrir, desde su inicio, se ha estructurado en tres fases diferenciadas y sucesivas: el consenso político, la concertación social y la aprobación normativa. Desde entonces, la reforma del Sistema responde a las recomendaciones establecidas en las ediciones del Pacto de Toledo de 1995 y de 2003, concretadas por los correspondientes acuerdos sociales y plasmadas normativamente, entre otras, por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, y la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. La repercusión de estas reformas en el ámbito del empleo puede que no sea perfectamente determinable, pero, seguramente, las que propician la mejora de la cobertura prestacional, al menos teóricamente, pueden ser, en este sentido, más significativa. Igualmente, aunque no es fácil determinar el grado de eficacia de las medidas de incentivo económico a la contratación y pueda inferirse que su eficacia sea limitada, puede motivar que determinadas personas, que sin ellas encontrarían más dificultades, puedan acceder al empleo. Finalmente, también pueden incidir de forma indirecta en la configuración de la población activa, delimitando su extensión, en su cota final, mediante la configuración de determinadas contingencias, fundamentalmente, de la de jubilación.