DDPv - Libros y capítulos de libros

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    Comentarios al texto refundido de la Ley de Consumidores y usuarios. Arts. 33-36
    (Tirant Lo blanch, 2022-04-01) Sánchez Lería, Reyes
    Se realiza un comentario de cuatro artículos del TRLGDCU, relativos al Registro estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
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    El proceso de investigación interna
    (Tirant lo Blanch, 2021) Arenas Viruez, Margarita
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    Cuantía y duración de las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia
    (Tirant lo Blanch, 2018) Arenas Viruez, Margarita
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    Autorización de los proveedores de servicios de criptoactivos
    (Aranzadi, 2021) Alvarado Herrera, Lucía
    El objeto de este trabajo es el estudio de las disposiciones que se contienen en el Capítulo 1 del Título V de la Propuesta de Reglamento MiCA sobre autorización y revocación de la autorización para prestar servicios de criptoactivos. Se hace un recorrido por los requisitos de la autorización, las exenciones previstas, la revocación de la autorización y el régimen transitorio para aquellas entidades que a la fecha de entrada en vigor del Reglamento hayan prestado servicios de criptoactivos de acuerdo con la legislación aplicable. Se hace referencia también al mandato realizado a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) de crear un Registro de todos los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados. El capítulo dedica, además, parte de su contenido a la prestación transfronteriza de estos servicios, imponiendo a los prestadores el deber de comunicar su intención de prestar servicios sobre criptoactivos a escala transfronteriza.
  • Publication
    El contrato de servicios médicos: el consentimiento informado en el “draft common frame of reference”
    (Aranzadi (Thomson Reuters), 2016) Cadenas Osuna, Davinia
    Nuestro propósito con el presente paper es analizar con detalle la regulación del consentimiento informado en el Draft Common Frame of Reference , contenida concretamente en el Capítulo 8.º de la Parte C del Libro IV (regulador del treatment contract ). El correcto análisis de la normativa sobre el consentimiento informado exigirá, en primer lugar, el estudio del ámbito de aplicación del mencionado Capítulo 8.º, es decir, la determinación del alcance del concepto de treatment contract, para, seguidamente, centrarnos en el análisis de la obligación del prestador del servicio (el profesional sanitario) de obtener el consentimiento informado del paciente antes de la aplicación de cualquier tratamiento. El objetivo que perseguimos con el presente estudio es obtener una visión amplia sobre la regulación del consentimiento informado en el Draft Common Frame of Reference , realizando, cuando así lo consideremos oportuno, referencias a la normativa española sobre las cuestiones abordadas.
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    Trabajo, intimidad y protección de datos. La política de privacidad en la empresa
    (Thomson Reuters Aranzadi, 2017) Carrizosa, Esther
    La protección de la privacidad de los trabajadores constituye una de las cuestiones más problemáticas que se viene planteando de forma constante en nuestro ordenamiento jurídico desde hace varias décadas sin que, hasta el momento, haya recibido una regulación o respuesta satisfactoria. Muy al contrario, la falta de atención desde el plano legislativo, donde, salvo contadas excepciones, solo existen regulaciones genéricas, ha provocado una conflictividad judicial creciente en la que cada vez es más difícil encontrar criterios claros para proteger satisfactoriamente el conjunto de derechos que integran esta institución. La ambivalencia ocasionada por la falta de regulación normativa en algunos supuestos, así como el cambio de criterio que caracteriza el ámbito jurisdiccional en la generalidad de ellos, justifica precisamente la importancia que está adquiriendo, y que adquirirá en el futuro más inmediato, la gestión de la privacidad como mecanismo preventivo que evite los supuestos conflictivos; aspecto que se está impulsando insistentemente desde el derecho comunitario en ámbitos concretos, por ejemplo, a través de la nueva regulación sobre protección de los datos personales en el ámbito laboral. A estos efectos, es necesario destacar las diversas medidas establecidas en el nuevo Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que van desde la creación de la figura del delegado de protección de datos hasta la regulación de numerosas normas sobre la creación, aplicación y adhesión a Códigos de Conducta sobre la protección de datos en las organizaciones productivas (arts. 37-43 del RGDP). Partiendo de esta perspectiva, y desde la firme convicción de que es posible articular procedimientos que garanticen adecuadamente la privacidad en el seno de estas organizaciones, estructuraremos este estudio en tres apartados claramente diferenciados. Los dos primeros se destinan a analizar la Jurisprudencia sobre la materia, primero la relativa al TEDH, y después la recaída en el ámbito nacional, considerando la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS). El tercer apartado se centra en identificar los posibles instrumentos que pueden encauzar la gestión de la privacidad en las organizaciones productivas, así como a esbozar los principios que se deben tener en cuenta a la hora de implementar estas políticas. Se hace un recorrido por la regulación estatutaria con objeto de localizar los instrumentos habilitados para desarrollar esta función, destacando en cada caso la conveniencia y dificultades. La identificación de los distintos principios que se deben tener en cuenta para estructurar las políticas de privacidad se extraerán de aquellas posiciones jurisprudenciales que sean más acordes a la naturaleza y contenido constitucional de los derechos implicados.
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    Los acuerdos de empresa. Especial consideración de los acuerdos de reorganización productiva
    (Thomson Reuters Aranzadi, 2022) Carrizosa, Esther
    Los acuerdos de empresa, como ejercicio del derecho a la negociación colectiva, desempeñan una función típicamente normativa, sin embargo, las materias sobre las que recaen han permitido diferenciar entre acuerdos regulatorios de las condiciones de trabajo y acuerdos de reorganización productiva, integrando, estos últimos, fórmulas específicas de participación en la empresa. Ambos tienen en común la concreción de las materias que regulan, el ámbito empresarial y una cierta informalidad en el procedimiento negociador, muy especialmente en su tramitación, por lo que los sistemas de control sobre lo negociado se reducen considerablemente si se comparan con el convenio colectivo empresarial, a pesar de tener una eficacia similar a la de este último. No obstante, existen importantes especialidades en los acuerdos de reorganización productiva que justifican un análisis particularizado. La primera es que su regulación se ha vuelto compleja y densa, por lo que han ido perdiendo de forma paulatina ese carácter informal (no así en la tramitación del acuerdo alcanzado), llegando, en algunos casos, a ser los procedimientos más complejos que regula la norma estatutaria, especialmente si se le compara con los acuerdos regulatorios respecto de los que, salvando los supuestos de modificación de las condiciones pactadas en convenio colectivo, no existen apenas reglas de referencia. La segunda es que este tipo de acuerdos surgen de un periodo de consultas que condiciona y “procedimentaliza” decisiones unilaterales del empresario, por lo que, en principio, la materia sobre la que recaen pertenece al ámbito de organización empresarial. El análisis comienza efectuando una breve consideración sobre las principales reformas que han afectado a la institución en su conjunto, su recorrido histórico y en la especial relación que guardan con la negociación colectiva empresarial y supraempresarial, lo que nos lleva a dibujar la situación actual, para después centrarnos en los acuerdos de reorganización productiva, los distintos supuestos, el procedimiento de consultas, los sujetos legitimados, sus contenidos y efectos, determinando los aspectos más problemáticos y las divergencias que ocasionan en el sistema de relaciones laborales. Además, se pone de manifiesto que la práctica desarrollada al amparo de los acuerdos de organización productiva, en torno al procedimiento de consultas, ha consolidado una serie de reglas básicas a tener en cuenta para cualquier otro supuesto de estas características, establecido legal o convencionalmente, que carezca de regulación específica; circunstancia que cada vez es más frecuente en las reformas efectuadas en las instituciones laborales.
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    Los requisitos generales para acceder y mantener las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia: la nacionalidad, la residencia y la condicionalidad al empleo
    (Tirant lo Blanch, 2018) Carrizosa, Esther
    La contribución aborda el análisis de los requisitos fundamentales para acceder y mantener las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia del sistema de seguridad social español, con objeto de determinar diversas circunstancias: la restricción del ámbito subjetivo (personas beneficiarias); el acceso por parte de ciudadanos y ciudadanas de otro Estados; y la medida en que resultarían aplicables a efectos de articular nuevas prestaciones no contributivas en el ámbito nacional. Se trata de un análisis complejo y necesario que discurre entre la nacionalidad, la residencia y, cuando procede, la condicionalidad en el empleo, como criterios destinados a restringir el ámbito subjetivo de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y las prestaciones por desempleo del ámbito no contributivo del sistema de seguridad Social: subsidios por desempleo y las prestaciones económicas integradas en los programas extraordinarios de lucha contra el desempleo. Con respecto a la nacionalidad y su postergación a favor del criterio de residencia, el análisis resalta su neutralidad y su capacidad para amoldarse a las exigencias de coordinación y armonización que exige la UE a las legislaciones de los distintos Estados miembros. En relación a la condicionalidad al empleo (actitud proactiva hacia el empleo), como requisito adicional exigible en las prestaciones que protegen las situaciones de desempleo, el análisis evidencia una férrea vinculación entre las prestaciones económicas y la realización de acciones de inserción profesional y una consideración muy restrictiva de las actividades que fomentan la empleabilidad de los individuos. A estos efectos, se propone, si no eliminar esta condicionalidad, flexibilizarla considerablemente, englobando el trabajo asalariado, pero también otros tipos de trabajos que no se consideren retribuidos: labores de voluntariado, trabajos amistosos o benévolos, o trabajos más creativos que se desarrollen en régimen de autonomía o de colaboración. --
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    Industria 4.0, Formación Profesional y Protección Social. Buscando un punto de equilibrio
    (Cambridge Scholars Publishing, 2018-08-29) Carrizosa, Esther
    La digitalización del trabajo y el tipo de industria que genera (Industria 4.0, o industria conectada) constituye un fenómeno transversal que debe ser analizado desde distintas perspectivas en el ámbito social del derecho. En concreto, las instituciones abordan el fenómeno desde un plano general, desde el ámbito del empleo, la formación profesional, la prevención de riesgos y la protección social. El trabajo que presentamos analiza esta cuestión desde dos perspectivas distintas: la de formación profesional y la de la protección social. Consideramos que estos dos aspectos son claves a la hora de amortiguar el impacto que la Industria. 4.0 (o Cuarta Revolución Industrial) pueda tener sobre el empleo y sobre la población en general.
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    La emisión y el reembolso del dinero electrónico en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
    (Aranzadi, 2018) Alvarado Herrera, Lucía
    La Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, regula el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y se ocupa, además, de aspectos jurídico-privados de este medio de pago: la emisión y el reembolso. El objeto de este trabajo es el análisis de dichos aspectos jurídico-privados, haciendo especial hincapié en la relación contractual que se establece entre el emisor del dinero electrónico y el titular del mismo. Precisamente será esa relación contractual, que será calificada como relación "bancaria", normalmente electrónica y consumidores, es la que determinará que las disposiciones de la Ley 21/2011 deban ser completadas con normas generales en materia de contratación bancaria y de contratación electrónica (con consumidores, en su caso).
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    Desafíos para los servicios de pago en un mundo post-Covid. Situación actual y retos pendientes
    (COLEX, 2023) Alvarado Herrera, Lucía
    El COVID-19 ha provocado un aumento de los pagos electrónicos, en un momento en el que la principal norma que los regula, la Segunda Directiva de Servicios de Pago, se encuentra en proceso de revisión. Ese aumento ha ido acompañado de una reducción del uso del efectivo, lo que plantea importantes retos de cara a mantener su acceso y su convivencia con la emisión en el marco de la UE de una moneda retail de banco central: el euro digital. La pandemia ha puesto de relieve que la digitalización es clave para prestar servicios bancarios en situaciones de crisis sanitarias, pero también ha evidenciado que el riesgo de exclusión financiera de determinados sectores de la población existe y que deben adoptarse medidas para mitigar ese riesgo. A todas estas cuestiones se dedica este trabajo, ofreciendo una visión sobre el futuro de los pagos digitales, cuya adopción se ha generalizado como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.
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    El heterogéneo marco normativo de las uniones registradas en el sistema español
    (Aranzadi, 2022) Serrano-Fernández, María
    En este trabajo se analiza las distintas leyes autonómicas sobre uniones de hecho y su compatibilidad con el Reglamento 2016/1104.2.1. así como la doctrina de Tribunal Constitucional
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    La regla de la ubicuidad y la responsabilidad ambiental corporativa
    (Napoli : Editoriale Scientifica, 2018) García-Álvarez, Laura; Iglesias Márquez, Daniel
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    La responsabilidad civil en la prestación de servicios sanitarios: algunas notas sobre la aplicación del art. 148 TRLGDCU. Responsabilidad civil en el ámbito sanitario.
    (Tirant Lo blanch, 2022-01-01) Sánchez Lería, Reyes; Oliva Blázquez, Francisco
    Análisis jurisprudencial de la responsabilidad por daños en el ámbito de la prestación de servicios sanitarios. Se analiza la interpretación y aplicación del art. 148 TRLGDCU en la prestación de servicios sanitarios.
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    Daños ambientales transnacionales y acceso a la justicia
    (Dykinson, 2016) García-Álvarez, Laura
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    Sobre el deber de transparencia en el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
    (Reus, 2018-12-01) Sánchez Lería, Reyes; Vázquez Pastor Jiménez, Lucía
    Análisis del deber de transparencia material en los contratos de crédito inmobiliario. Se realiza un estudio sobre las nuevas normas que regulan el deber de transparencia material en el proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.