La reforma de la seguridad social y la posible repercusión en el empleo impulsada por el Pacto de Toledo de 2011 y 2020.

Abstract

Las ediciones del Pacto de Toledo 2011 y 2020 renuevan y amplía las versiones precedentes, con la incorporación de nuevas líneas temáticas, y reproducen el procedimiento inicial, estructurado en sus tres fases características: el consenso político, la concertación social y la aprobación normativa. Pero con la particularidad, en la de 2020, de la incidencia derivada de la situación de emergencia sanitaria desencadenada ese año y, consecuentemente, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para contrarrestar sus efectos, sobre todo en los acuerdos sociales y en la plasmación normativa. Así pues, en primer lugar, se aprueba la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, con carácter general, sobre la base de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2011, y, particularmente, del Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones, que traslada positivamente su contenido, destacándose, entre otras, por la introducción de la elevación progresiva de la edad de jubilación y la modificación de las reglas paramétricas para calcular el contenido de la pensión. En segundo lugar, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, plasma positivamente determinadas menciones del acuerdo social de 1 de julio de 2021, como, entre otras, las que se dirigen a fomentar la permanencia activa de los trabajadores, con la consiguiente incidencia en el empleo. Posteriormente, el Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público pensiones, materializa la segunda parte del bloque de reformas, sobre la base del último Informe del Pacto de Toledo de 2020 y el componente 30 del PRTR, con el consenso de las organizaciones sindicales, de la regulación de las Seguridad Social, igualmente, con repercusión, directa o indirectamente, en el ámbito del Empleo. No obstante, aunque no es fácil determinar esta repercusión ni siquiera de las medidas directas que fomentan la contratación, con resultados probablemente similares a los obtenidos por las impulsadas por las dos primeras ediciones del Pacto de Toledo, es posible, igualmente, que faciliten el acceso al empleo en determinadas circunstancias que pudiera ocasionar una mayor dificultad. Asimismo, la incidencia indirecta derivada de la ampliación de la acción prestacional podría también resultar, en determinados supuestos, positiva para la elevación de la ocupación.