El "efecto sustitución¿ del legislador laboral y de la autonomía colectiva en la aplicación del juicio de proporcionalidad por parte del TJUE
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemAutoría
Llobera, MireiaPalabras clave
Principio de proporcionalidadderechos sociales fundamentales
barreras al comercio
autonomía colectiva
libertades de mercado
Fecha de publicación
2016Resumen
El artículo trata de evaluar el fundamento empírico del juicio de necesidad desarrollado por la jurisprudencia del TJUE, cuando asimila los estándares laborales a barreras regulatorias al comercio intracomunitario. Se plantea el interrogante sobre la legitimidad y capacidad de los tribunales para pronunciarse sobre la necesidad de determinadas medidas, a partir de consideraciones judiciales de carácter técnico-económico, que vienen a sustituir al propio legislador y a los agentes sociales en el ejercicio de su autonomía colectiva. La ya consabida crítica de inconmensurabilidad del principio de proporcionalidad se profundiza en este ámbito, pues resulta complejo establecer objetivamente el nivel de eficacia de políticas socieconómicas en la consecución de sus finalidades mediatas, así como el tipo de gravamen que éstas imponen a las libertades de mercado. Unos estrictos límites impuestos, por parte de la jurisdicción comunitaria e internacional al ejercicio del poder estatal, que co ...
El artículo trata de evaluar el fundamento empírico del juicio de necesidad desarrollado por la jurisprudencia del TJUE, cuando asimila los estándares laborales a barreras regulatorias al comercio intracomunitario. Se plantea el interrogante sobre la legitimidad y capacidad de los tribunales para pronunciarse sobre la necesidad de determinadas medidas, a partir de consideraciones judiciales de carácter técnico-económico, que vienen a sustituir al propio legislador y a los agentes sociales en el ejercicio de su autonomía colectiva. La ya consabida crítica de inconmensurabilidad del principio de proporcionalidad se profundiza en este ámbito, pues resulta complejo establecer objetivamente el nivel de eficacia de políticas socieconómicas en la consecución de sus finalidades mediatas, así como el tipo de gravamen que éstas imponen a las libertades de mercado. Unos estrictos límites impuestos, por parte de la jurisdicción comunitaria e internacional al ejercicio del poder estatal, que contrastan con el laxo margen de apreciación que la jurisdicción nacional otorga al legislador, en relación al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.