Abstract
A pesar de que desde posiciones centralizadoras se han recordado insistentemente los peligros intrínsecos a la capacidad de regulación de las comunidades autónomas en materia de derechos, lo cierto es que todas ellas, cualquiera que haya sido el signo de la fuerza política que las haya gobernado, han sido garantes y motor de la forma social que la Constitución proclama, fundamentalmente a través de la regulación de derechos sociales y de principios rectores constitucionales, y de la formulación de nuevos derechos sociales y principios programáticos allí donde tienen reconocidos títulos competenciales para ello. En este trabajo se hace referencia a cuál es el basamento jurídico de dicha actividad autonómica, a cuáles han sido los ámbitos especialmente favorecidos por aquella regulación, y en qué se ha traducido el salto cualitativo que para ese tipo de derechos ha supuesto su reconocimiento estatutario tras las reformas de 2006 (en especial, la de los Estatutos, catalán, andaluz y c ...
A pesar de que desde posiciones centralizadoras se han recordado insistentemente los peligros intrínsecos a la capacidad de regulación de las comunidades autónomas en materia de derechos, lo cierto es que todas ellas, cualquiera que haya sido el signo de la fuerza política que las haya gobernado, han sido garantes y motor de la forma social que la Constitución proclama, fundamentalmente a través de la regulación de derechos sociales y de principios rectores constitucionales, y de la formulación de nuevos derechos sociales y principios programáticos allí donde tienen reconocidos títulos competenciales para ello. En este trabajo se hace referencia a cuál es el basamento jurídico de dicha actividad autonómica, a cuáles han sido los ámbitos especialmente favorecidos por aquella regulación, y en qué se ha traducido el salto cualitativo que para ese tipo de derechos ha supuesto su reconocimiento estatutario tras las reformas de 2006 (en especial, la de los Estatutos, catalán, andaluz y castellano-leonés)-------------------------------------------------------------------------------------- Although pro-centralizing positions have insistently reminded the intrinsic dangers of the Autonomous Communities capacity to regulate rights, the truth is that all of them, whatever the sign of the political force in government, have guaranteed and acted as an engine for the social form stated by the Constitution, mainly by regulating social rights and programmatic guidelines where they had competence titles to do so. This paper refers to the legal basis of this autonomic activity, to the areas which have been especially favoured by that regulation, and to the concrete translation of the qualitative leap entailed by the statutory recognition of these rights after the reforms of 2006 (in particular, the Statutes of Catalonia, Andalusia and Castilla-León).
