Protección de datos de carácter personal y Poder Judicial: una brecha en nuestro Estado de Derecho

Abstract

Para adentrarnos en el mundo de la protección de datos en la administración de justicia, es necesario tener claras dos cosas: primera, que en España existe una separación de poderes y, segunda, que la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental.

La Constitución Española de 1978 proclama la separación de los tres poderes de Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Si bien, esta primera precisión puede parecer a priori una obviedad, hay que empezar a introducir, pues es la finalidad de este trabajo, una de las principales singularidades de nuestro sistema judicial: son órganos del poder ejecutivo del Estado los titulares de las aplicaciones, soportes, programas, herramientas informáticas, ficheros, locales, equipos, sistemas, servidores y demás infraestructuras electrónicas destinadas o aplicadas al uso de juzgados y tribunales y, en consecuencia, son los dueños, a todos los efectos, de los soportes en los que se recogen, plasman y almacenan los datos de carácter personal que se recaban en los procedimientos judiciales y que son objeto de tratamiento por juzgados y tribunales en el ejercicio de su función judicial.

En segundo lugar, tal y como hemos apuntado más arriba, el derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental que se recoge en el artículo 18.4 CE, es configurado como autónomo por el Tribunal Constitucional y trasciende nuestro Derecho interno para recibir sustento normativo europeo. El hecho de que en España su formulación como derecho fundamental haya sido reciente no por ello debe aquilatar menor importancia que otros derechos fundamentales como los de libertad y seguridad, la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, algo que ha de ser tenido muy presente por los juzgados y tribunales en el ejercicio de su labor judicial así como en el ejercicio de su responsabilidad de tratamiento de los datos de los que son custodios para atender aquella función.

Ésta no es una tesis de tratamiento sino de diagnóstico. No pretende especular soluciones sino evidenciar problemas. El sistema judicial se desenvuelve con aparente normalidad en el ámbito de la protección de datos de carácter personal. Sin embargo, a cada innovación transformadora dedica una receta de tradición doméstica. A cada exigencia reformadora dispersa brumas semánticas. A cada mandato superior ofrenda una vieja reglamentación inferior. Es un ajedrez en el que los peones corporativos vencen sobre el reinado de la ley. Y mientras, el dominio sobre el binario intangible avanza como un creciente espectro de totalitarismo y los datos de carácter personal de los ciudadanos se escurren por las grietas del Estado de Derecho.