Regulating online content. The evolving role of Trusted Flaggers and its implications for freedom of expression
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Ortega Giménez, Cristina
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Universidad Pablo de Olavide
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The Digital Services Act (DSA) has introduced the figure of trusted flaggers, entities with expertise in detecting illegal online content whose notifications must be given priority attention by digital platforms due to their degree of trustworthiness (art. 22 DSA). This function gives entities a certain capacity to control public discourse. In this research, we delve into the legal and constitutional nature of these private powers and analyse whether their powers constitute a mechanism for monitoring harmful content, which contributes to the maintenance of peaceful coexistence in a healthier digital environment, or whether the delegation of these responsibilities, under the DSA, entails a form of censorship on freedom of expression, with the dangerous effect it entails for pluralism and democracy.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) ha introducido la figura de los denunciantes de confianza, entidades con experiencia en la detección de contenidos ilegales en línea cuyas notificaciones deben recibir una atención prioritaria por parte de las plataformas digitales debido a su grado de fiabilidad (art. 22 DSA). Esta función otorga a las entidades una cierta capacidad para controlar el discurso público. En esta investigación, profundizamos en la naturaleza jurídica y constitucional de estos poderes privados y analizamos si sus facultades constituyen un mecanismo de control de contenidos nocivos, que contribuye al mantenimiento de la convivencia pacífica en un entorno digital más saludable, o si la delegación de estas responsabilidades, en virtud de la DSA, supone una forma de censura de la libertad de expresión, con el peligroso efecto que ello conlleva para el pluralismo y la democracia.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) ha introducido la figura de los denunciantes de confianza, entidades con experiencia en la detección de contenidos ilegales en línea cuyas notificaciones deben recibir una atención prioritaria por parte de las plataformas digitales debido a su grado de fiabilidad (art. 22 DSA). Esta función otorga a las entidades una cierta capacidad para controlar el discurso público. En esta investigación, profundizamos en la naturaleza jurídica y constitucional de estos poderes privados y analizamos si sus facultades constituyen un mecanismo de control de contenidos nocivos, que contribuye al mantenimiento de la convivencia pacífica en un entorno digital más saludable, o si la delegación de estas responsabilidades, en virtud de la DSA, supone una forma de censura de la libertad de expresión, con el peligroso efecto que ello conlleva para el pluralismo y la democracia.
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