Alcance y límites de los órganos de tratados de derechos humanos en el desempeño de sus funciones: el caso del Comité de los derechos del niño

Abstract

La actual discusión doctrinal sobre el valor jurídico de las decisiones de los órganos de tratados de derechos humanos ofrece una oportunidad extraordinaria a la comunidad científica internacional para reflexionar sobre la confrontación que plantea la diversa acogida doméstica de las distintas funciones - de interpretación, monitoreo y control - de estos órganos de tratados y en la que se proyecta la sombra de la soberanía de los Estados respecto a las concesiones a terceros en las labores que incidan en su ejercicio. El foco se dirigirá tanto hacia una definición más clara de la naturaleza jurídica de estos órganos de tratados, su composición, competencias y funcionamiento, y a una necesaria mejora de los sistemas domésticos en la articulación de mecanismos que permitan dar debida recepción y aplicación a las decisiones de tales órganos, conformando un adecuado equilibrio entre el respeto de los ámbitos de soberanía y las normas internacionales generales de interpretación de los tratados, y quedando estas últimas sujetas a las especificidades que imponen la naturaleza propia a los tratados de derechos humanos y el debido e imperante respeto a las víctimas de su vulneración. La singularidad del niño como sujeto de derechos impone asimismo particularidades en las funciones de interpretación y control atribuidas por los Estados partes en los tratados que proclaman esos derechos a los órganos establecidos a esos efectos, como es el caso de la Convención sobre los derechos del niño, su Protocolo Facultativo sobre un procedimiento de comunicaciones y el Comité de los derechos del niño. Así lo defiende este último y queda evidenciado en la adopción de sus Directrices sobre medidas provisionales adoptadas en el marco del procedimiento de comunicaciones, que que resultan una aportación singular y de relevancia en el asunto jurídico de este debate y arroja luz a su interpretación al amparo del Derecho de los tratados y sus principios rectores. Así, señalando la doble naturaleza, cautelar y protectora de tales medidas provisionales e invocando el “efecto útil” de la decisión final del Comité, estas Directrices subrayan que “el objeto y fin” de las medidas provisionales es asegurar la integridad y efectividad de la decisión sobre el fondo y evitar la vulneración de los derechos en presencia; definen los conceptos de “circunstancias excepcionales” y “daños irreparables”; y, atendiendo a la singularidad y vulnerabilidad del niño, determinan que la gravedad e impacto de la vulneración de sus derechos justifica una respuesta de la Convención mediante la adopción de tales medidas provisionales, conforme a la atención al principio general del interés superior del niño, para lo que reconoce su competencia y declara la correspondiente obligatoriedad jurídica internacional de los Estados partes en su cumplimiento.