Libertad de conciencia en tiempo de la COVID-19: cuestiones competenciales

Abstract

Para poder afrontar una crisis sanitaria de gravedad y magnitud como la que supuso la pandemia del COVID 19, España ha acudido al derecho constitucional de excepción, mediante la declaración del estado de alarma de ámbito nacional en dos ocasiones y con sucesivas prórrogas. La protección de bienes jurídicos como la salud y la vida de las personas ha justificado una intensa restricción de derechos como la libertad de circulación, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial, y también la libertad religiosa. En relación con esta última, las restricciones han afectado fundamentalmente a la manifestación externa de los actos de culto, pero igualmente ha incidido en otros contenidos del derecho, como el de la asistencia espiritual de personas enfermas, por ejemplo. Este trabajo forma parte de una obra, dirigida por José Mª Contreras Mazario, que tiene por objeto contribuir al análisis y la reflexión, desde una perspectiva multidisciplinar, aunque eminentemente jurídica, sobre el régimen jurídico de las medidas administrativas adoptadas en el contexto de la COVID-19 para preservar la salud pública y que afectan de una manera directa o indirecta al derecho fundamental de libertad de pensamiento, conciencia, religión y de culto. Para comprobar el impacto que la COVID-19 ha tenido en los derechos humanos en general, y en la libertad de conciencia y religiosa en particular, el capítulo se centra, en el bloque general dedicado a España, en las cuestiones competenciales en juego. En un Estado políticamente descentralizado, como lo es el Estado autonómico, la declaración del estado de alarma puede suponer la alteración del ejercicio de las competencias que se distribuyen entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, puesto que el objetivo de superar la emergencia con mayor eficacia suele ir ligado a una centralización en un mando único desde el que dar órdenes directas a todas las administraciones. Sin embargo, la LOAES no descarta otras opciones. En todo el periodo transcurrido desde los primeros pasos en la lucha contra la pandemia, el Estado no ha afrontado la emergencia, desde el punto de vista competencial, de la misma forma. El trabajo analiza la evolución y fases en esta gestión de la pandemia. Se trata de un estudio de política jurídica que hace un balance de la experiencia española, poniendo de manifiesto las ventajas que, desde el punto de vista de la eficacia, puede suponer una centralización de la gestión de una emergencia sanitaria, como la de la pandemia COVID 19; pero señalando, al mismo tiempo, el mejor encaje, desde el punto de vista de la subsidiariedad, proximidad y autogobierno, de un sistema descentralizado, a pesar de que conlleve en ocasiones, un debilitamiento de la seguridad jurídica con la complejidad normativa que genera, máxime cuando se trata de las condiciones de ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Apunta la necesidad de reformas en materia de derecho de excepción y de emergencias sanitarias, para contemplar algunas deficiencias apuntadas por la doctrina y actualizarlas a la evolución de la organización territorial del Estado.