Los castillos andaluces y su protección directa e indirecta por el Derecho Administrativo

Abstract

Este trabajo cubre la vertiente jurídica de la protección de los castillos en Andalucía, como bienes singulares, desde una perspectiva interna o nacional. Aborda el elenco de normas administrativas al que dedicar atención, reuniendo, por un lado, las que establecen el núcleo duro de la tutela jurídico-administrativa de los castillos andaluces (protección directa), y por otro, toda una serie de normas que tocan sectores que, de una u otra forma, pueden favorecer la protección del objeto de estudio. La protección jurídica directa sobre el patrimonio monumental, y sobre los castillos andaluces en particular, abarca la legislación sobre patrimonio histórico y sobre urbanismo. Se estudia la aplicación, debidamente articulada de la Ley 16/1985 de patrimonio histórico español y la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, a la arquitectura fortificada de Andalucía, a través de la figura del "bien de interés cultural". A este respecto se analiza la virtualidad práctica de la declaración genérica de estos bienes como integrantes del Patrimonio Histórico consagrada en Disposición Adicional 2ª Ley estatal, con la conclusión de que no evita la necesidad de una declaración singular "ad casum", que les permite acceder, en la modalidad de Monumentos, a la inscripción de oficio en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, de ámbito estatal, y, en particular, a los castillos andaluces en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta inscripción provoca una reconfiguración jurídica en el el derecho de propiedad sobre esos castillos andaluces y sobre los bienes afectados por la delimitación de su entorno, cuyo alcance queda plasmado en el estudio, dándole su específico peso al "deber de conservación" y a los mecanismos para su garantía. Desde el punto de vista urbanístico, el trabajo se adentra el contenido normativo que, según la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, los planes urbanísticos deben incorporar como condicionantes de legalidad de los posibles usos del suelo donde se ubiquen castillos y otros elementos de arquitectura fortificada, así como su entorno de protección, siempre tendentes a la conservación física y paisajística. Se baraja aquí el papel de los PGOU, de los Planes especiales de carácter autónomo y de las normas de aplicación directas de la propia LOUA, así como de los Catálogos municipales. Se estudian igualmente los elenco de figuras de control preventivo de que las actuaciones urbanísticas se ajustan al plan (la licencia urbanística, es la más significativa); y también los diversos mecanismos de protección de la legalidad urbanística frente a actuaciones vulneradoras del planeamiento, incluído el problema de la financiación del deber de conservación del propietario. No queda sin estudiar el problema práctico de los posibles usos de los castillos andaluces, "quid" de su conservación. Entre la legislación para la protección indirecta de los castillos andaluces, se significa la relativa a bienes públicos (estatal, andaluza y local), señalando la conveniencia y ventajas de que se aplique el régimen demanial a este tipo de construcciones. Finalmente, se estudia la posibilidades jurídicas de cesiones gratuitas, en función de cuál sea la Administración titular del bien.