El discurso del odio desde una perspectiva constitucional: Cuando el castigo penal (casi) nunca sirve para proteger a personas vulnerables

Abstract

La presente investigación examina la regulación de los delitos de odio con especial interés en la modalidad de discurso del odio recogida en el artículo 510 del Código Penal. En este sentido, se presta atención a la injerencia que supone el castigo penal en el ejercicio de la libertad de expresión, y se propone acudir a esta vía en casos de apología expresa de la violencia contra colectivos considerados históricamente vulnerables. Para contrarrestar el resto de mensajes intolerantes se exploran, a continuación, alternativas al proceso penal como la tutela civil y la reparación del daño mediante herramientas propias de la justicia restaurativa. Además, se alude a los medios de comunicación como constructores de la realidad social y a la labor que pueden desempeñar en la creación de un ‘discurso de defensa activo’ de las minorías. Todo ello nos conduce a abordar, en último término, la educación en derechos humanos entendida como un proceso continuo mediante el cual la población es consciente del significado de los derechos adquiridos y aprende a ejercerlos sin dañar al otro. Fomentar este tipo de educación podría resultar más efectivo que las sanciones jurídicas para frenar el odio, y promover una cultura constitucional que favorezca la libertad en igualdad para toda la ciudadanía.

This research pays attention to the interference of criminal punishment in the exercise of freedom of expression, and proposes to resort to this route in cases of express apology of violence against groups considered historically vulnerable. To counteract the rest of the intolerant messages, alternatives to the criminal process are explored below, such as civil protection and reparation for damage using restorative justice tools. Furthermore, the media are referred to as builders of social reality and the work they can play in creating an 'active defense discourse' of minorities. All of this leads us to address, ultimately, human rights education understood as a continuous process through which the population is aware of the meaning of acquired rights and learns to exercise them without harming others. Promoting this type of education could be more effective than legal sanctions in curbing hatred, and promoting a constitutional culture that favors freedom and equality for all citizens.