Bases para la regulación de la competencia judicial en un futuro tratado internacional sobre cibercriminalidad

Abstract

En el ciberespacio, la determinación clara del lugar de producción del delito y la identificación de la jurisdicción idónea para castigarlo son cuestiones que, por el momento, no han recibido una respuesta razonablemente satisfactoria ni en términos dogmáticos ni en términos normativos. Se trata de un problema que debe ser evitado porque los conflictos de jusrisdicción provocan, entre otros efectos negativos, tensiones entre los Estados, perjudican una persecución eficaz de este tipo de delincuencia, impiden de ordinario una adecuada satisfacción de la víctima y pueden, en último término, afectar a garantías básicas como el derecho a la tutela judicial efectiva, o al principio del ne bis in idem. El Convenio de Budapest aportó resultar un primer paso valioso para afrontar de forma coordinada la persecución y castigo de la ciberdelincuencia, pero que en la actualidad reclama una reforma en profundidad sobre la base de una regulación más precisa, una armonización penal y procesal más profunda y una cooperación judicial y policial mucho más articulada y eficaz. En este trabajo se proponen en forma de bases prelegislativas, los tres mecanismos esenciales que pueden implantarse en un futuro tratado internacional, para una prevención y solución adecuada de los conflictos internacionales de jurisdicción en materia de cibercriminalidad: a) Un acuerdo de armonización sobre criterios de asignación de competencia judicial nacional que establezca el fuero preferente (territorial) y los fueros subsidiarios (competencia sobre nacionales, protección de víctimas y protección de intereses nacionales). b) Una relación de criterios que, distinguiendo delitos de actividad y delitos de resultado, orienten sobre el lugar de comisión del delito y permitan identificar la jurisdicción idónea en caso de concurrencia entre diversas jurisdicciones nacionales. c) Un procedimiento consensual, simplificado y voluntario que facilite la determinación de la jurisdicción nacional idónea, tanto en casos de convergencia de jurisdicciones nacionales, como en casos de conflictos negativos provocados por el rechazo de la competencia por parte de dos o más autoridades competentes de distintos Estados.