Person:
Silva-Ardanuy, Manuel

Profesor/a Asociado (LOU)
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First Name
Manuel
Last Name
Silva-Ardanuy
Affiliation
Universidad Pablo de Olavide
Department
Derecho Público
Research Center
Area
Derecho Constitucional
Research Group
PAIDI Areas
PhD programs
Identifiers
UPO investigaORCIDScopus Author IDWeb of Science ResearcherIDDialnet IDGoogle Scholar ID

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  • Publication
    El derecho al agua posible. Dimensión social del derecho al agua y al saneamiento
    (Centro Euro-Árabe de Estudios Jurídicos Avanzados, 2013) Silva-Ardanuy, Manuel
    El Derecho Humano al agua es indispensable  para una vida digna y la realización de otros Derechos Humanos. Casi 900 millones de personas carecen de acceso al agua potable segura y 2500 millones, el 40% de la población  mundial, no dispone de saneamiento mejorado. La falta de acceso al agua y al saneamiento tiene un enorme coste humano, en términos sociales y económicos. El Derecho Humano al agua está incluido implícita o explícitamente en diversos tratados y declaraciones internacionales. Así el Derecho Humano establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, incluida la alimentación y la vivienda. La realización de este Derecho es imposible sin el acceso a una cantidad mínima de agua. Numerosos Tratados, Convenciones y Cartas protegen este Derecho del que depende la realización efectiva de otros Derechos, si bien estamos lejos de su aplicación efectiva.------------------------------------------------------------------The Human Right to water is indispensable for a worthy life and the accomplishment of other Human Rights. Almost 900 million persons lack access to the drinkable and  sure water and 2500 millions, 40 % of the world population, has not  a basic support to acces to sure water. The lack of access to the water and to the reparation has an enormous human cost, in social and economic terms. The Human right to the water is included implicitly or explicitly in diverse agreements and international declarations. This way the Human right establishes that every person has rightly to a suitable standard of living that assures the health and the well-being him, included the supply and the housing. The accomplishment of this right is impossible without the access to a minimal quantity of water. Numerous Agreements, Conventions and Charts protect this right on which there depends the effective accomplishment of other rights, though we are far from his effective application.
  • Publication
    Efectos en las competencias relativas a derechos sociales reconocidos a las CC.AA. y Administración Local derivados del acuerdo para la reforma del art. 135 CE de 27 de septiembre de 2011
    (2016) Silva-Ardanuy, Manuel; Terol Becerra, Manuel José
    El 27 de Septiembre de 2011 (BOE nº233 de 2011) se publicaba la segunda reforma de la Constitución Española operada desde 1978. La reforma afectaba al artículo 135 CE en lo relativo al principio de reserva de ley tanto para emitir deuda pública como para contraer crédito, añadiendo que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión, pasando ahora a incorporar con tratamiento y rango constitucional el principio de estabilidad presupuestaria. Al otorgarse un nuevo estatus, constitucional en este caso, al principio de estabilidad y a la limitación de déficit y deuda pública según lo determinado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se introduce una explícita limitación al gasto público con carácter estructural, lo que afecta a la capacidad de los poderes públicos de atender de manera eficaz aquellos derechos que materializan la dimensión social del Estado. La cláusula del Estado social, consagrada en el art. 1.1 CE se manifiesta en un bloque de derechos de carácter socio-económico, cuya efectividad depende de la garantía prestacional de los poderes públicos. La efectividad de derechos, con una marcada vertiente asistencial (educación, sanidad, servicios sociales, servicios culturales) requiere de una importante consignación de recursos económicos públicos. Una vez que el principio de estabilidad presupuestaria ha adquirido tratamiento constitucional, las limitaciones en materia de endeudamiento y gasto público obligan a un proceso de reorganización y racionalización del gasto público que por su carácter permanente, cuestiona el núcleo indisponible de prestaciones esenciales que se entendían garantizadas constitucionalmente por hallarse ligadas indisociablemente a la dignidad de la persona. La cláusula del Estado social encuentra un primer reflejo constitucional en el art. 9.2 CE a través del mandato general a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud y faciliten la participación de toda la ciudadanía en la vida política, social, cultural y económica. La Constitución Española reconoce un amplio elenco de derechos socio-económicos, prestacionales de carácter positivo, recogidos en el Capítulo III, del Título I (¿De los principios rectores de la política social y económica¿) con una exigibilidad limitada por el art.53.3 CE. A este condicionamiento organizativo establecido constitucionalmente a los derechos sociales, se suma la limitación económica que, a partir de la ordenación de prioridades que en materia de gasto público introduce la reforma de la Constitución, que provoca el cuestionamiento de los principios del Estado del Bienestar en aras del mantenimiento de la estabilidad de precios y del poder adquisitivo de la moneda única. Los ingresos fiscales y las cotizaciones sociales que financian la materialización de los derechos sociales se han visto limitados en el periodo objeto de estudio (2008-2015), y al no poderse recurrir al déficit ni al endeudamiento público al haberse sobrepasado los límites impuestos por la UE, hace que se tengan que recortar, cuando no suprimir, las garantías prestacionales a los particulares. En su nueva redacción, el art. 135 CE establece de forma incondicionada que todas las Administraciones adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, con los límites de endeudamiento establecidos para cada una de las Administraciones Públicas. Se establece así un contexto en el que, si los ingresos no llegasen a cubrir un determinado nivel de gasto y los límites de déficit estructural y de endeudamiento se hubiesen superado, la única vía a la que se podría recurrir sería la reducción del gasto. El art. 135.2 CE establece que el Estado y las CC.AA. no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros, al tiempo que establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta, situándose que el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El párrafo segundo, del art. 135.2 CE prevé que una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las CC.AA. en relación con su PIB, y añade en el apartado 5º del art. 135.2 CE que una ley orgánica fijará los principios a los que se refiere el artículo, así como la participación en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera, matizándose y ampliándose de esta forma las competencias del art.149.1.3ª (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) y 14ª (Hacienda general y demanda del Estado) de la Constitución Española. El apartado 6ª del art. 135 CE establece que las CC.AA., de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. En materia de servicios públicos de carácter social y asistencial, esta cuestión tiene gran relevancia, porque son las CC.AA. las responsables de la prestación de la mayor parte de los servicios ligados a los derechos sociales. El apartado 4º del art.135 CE permite que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública se puedan superar en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control del Estado y que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad ecológica social del Estado, apreciados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La hipótesis abordada por el estudio del impacto de la reforma del art.135 CE en el ámbito de las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones locales en materia de derechos sociales, es determinar la alteración sustantiva de los elementos nucleares expresados por el art.1.1 CE a partir de la entrada en vigor de los principios de la reforma constitucional operada el 27 de septiembre de 2011 con el apoyo auxiliar de diferentes leyes orgánicas que en sus respectivos ámbitos y objetos de aplicación modifican la arquitectura prestacional en materia de derechos sociales reconocible entre 1978 y 2008. El estudio organiza la demostración de la hipótesis de trabajo a partir de tres ámbitos de análisis diferenciados; la evolución del Estado Social en su dimensión constitucional tanto en términos de presencia como de exigibilidad; un segundo bloque que aborda la crisis del Estado social y su proceso de reformas legislativas derivadas de la reforma del artículo 135 CE (2011-2015) y una tercera parte relativa a la alteración de la organización institucional y afectación de la dimensión social del Estado. Conocer los elementos modificados en el ámbito de las competencias residenciadas en la Administración local y autonómica y cómo ambas esferas de la Administración han tenido que modificar su forma de prestación de dichos derechos, cuando no suprimir la prestación misma, a partir de una modificación de la estructura organizativa del Estado y de una disminución de los recursos económicos disponibles hasta llegar a la desnaturalización de la naturaleza social y de derecho asumida constitucionalmente por el Estado español es el objeto del presente estudio.
  • Publication
    Los derechos sociales ante el proceso de Reforma de la Administración Pública Española: perspectivas y alcances
    (Centro Euro-Árabe de Estudios Jurídicos Avanzados, 2013) Silva-Ardanuy, Manuel
    Siguiendo las indicaciones del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, el Estado Español a través de su poder ejecutivo inició en Noviembre de 2011 un proceso de reforma del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de disminuir su déficit. Dicho proceso de reforma se ha plasmado en una reducción  presupuestaria para la atención de los derechos sociales y de ciudadanía. Actualmente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas afronta el proceso de reestructuración de la Administración central, periférica y local, lo que supondrá una profunda transformación en el ejercicio de los derechos sociales tal y como se han desarrollado en el Estado español.-----------------------------------------------------------------In order to develop the indications of the European Central Bank, the International Monetary Fund and the European Commission, the Spanish State through its Executive power began since November 2011 a process of reform of the set of public administrations in order to reduce its deficit. This  process has resulted in a budget reduction to the attention of social rights and citizenship. Ministry of Finance and Public Administration currently facing the process of restructuring of the central, peripheral and local administration, which will mean a profound transformation in the exercise of social rights as they have been developed in the Spanish State.
  • Publication
    Presentación
    (2015) Silva-Ardanuy, Manuel
  • Publication
    La República de Cuba en la nueva estrategia de relaciones internacionales de la Federación Rusa
    (2015) Silva-Ardanuy, Manuel
    El 26 de febrero de 2013, el Ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció que Rusia estaba negociando la instalación de bases militares rusas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Era la primera ocasión en que se hacía pública la voluntad de las autoridades rusas de modificar la relación de fuerza en un escenario de operaciones dominado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. El proceso, sin embargo, había arrancado años antes y no ha hecho más que intensificarse en los últimos tiempos al calor del deseo ruso de restaurar el antiguo equilibrio de bloques en el mapa geopolítico internacional. On the 26th of February 2013, the Russian Minister of Defence, Serguéi Shoigú, announced that Russia was negotiating the establishment of Russian military bases in Cuba, Venezuela and Nicaragua. It was the first time that the intention of Russian authorities to change the strength relation in a scenario of operations dominated by the North American Armed Forces was made public. The process, however, had been initiated years before, and had only recently intensified in light of the Russian ambition to restore the previous balance of blocs in the international geopolitical map.
  • Publication
    Estatutos de Autonomía de "segunda generación": competencias exclusivas frente al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
    (Universidad Pablo de Olavide, 2014) Silva-Ardanuy, Manuel
    El 26 de julio de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los objetivos de déficit fijados al Estado español por las autoridades europeas, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo una concepción neocentralista del Estado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas amparado en las obligaciones de consolidación presupuestaria, abre paso a una nueva planta local que entra en contradicción con lo dispuesto en los estatutos de Autonomía reformados por las Comunidades Autónomas (especialmente de la Comunidad Autónoma andaluza y catalana) y limita severamente la atención a los derechos sociales que venían siendo atendidos por la Administración autonómica y local al despojar al ámbito municipal de parte de las competencias que actualmente ejercen.